Análisis de propuestas presidenciales (II): un acercamiento al trabajo desde la «izquierda» con Marcel Claude y Marco Enriquez Ominami

Propuestas sobre trabajo

Análisis de propuestas presidenciales (II): un acercamiento al trabajo desde la «izquierda» con Marcel Claude y Marco Enriquez Ominami 

por Rodrigo Medel y Sebastián Osorio
Miembros CIPSTRA

 

(La presente es la segunda de una serie de columnas que tienen por objetivo analizar las propuestas de los candidatos presidenciales respecto al Trabajo. No es el interés de estas líneas una mera enumeración de propuestas, sino por el contrario, apoyarse en estas para desarrollar una reflexión de más largo alcance sobre las perspectivas y desafíos que tiene la clase trabajadora en cuanto a la elaboración de su propio programa político.)

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Así como el momento histórico no parece ser el más amable para la derecha, no son tampoco tiempos muy dulces para los sectores cuyas propuestas podrían situarse a la izquierda del pacto Nueva Mayoría. Lo cierto es que los planteamientos de este sector han ido variando con el tiempo, y lejos de las rudas ideologías socialistas enarboladas durante gran parte del siglo XX, hoy en día la mayor parte de la izquierda política parece alinear sus filas detrás de una gran consigna: la expansión de los derechos sociales.

A grandes rasgos, se puede decir que la confrontación entre la derecha (y sus sucedáneos, incluyendo a la Nueva Mayoría) y la izquierda en el Chile actual está articulada en un discurso que busca frenar, por un lado, lo que consideran demandas peligrosas e “ingratas” con el modelo, y desde la vereda opuesta, quienes buscan expandir derechos que señalan como justos y necesarios.

Dentro de esta definición los sectores de izquierda están representados en buena medida, al menos en materia de derechos laborales, por los candidatos presidenciales Marcel Claude (MC) y Marco Enriquez Ominami (MEO)[1]. Ambas propuestas tienen diferencias y similitudes, pero un trasfondo común que plantea la expansión de lo que entra como materia de derecho laboral garantizado por el Estado y lo que queda fuera de ella a merced del mercado.

 

Elementos centrales de las propuestas

Para comenzar, existe un diagnóstico común sobre la baja tasa de sindicalización de los trabajadores en Chile y la importancia de revertir dicha tendencia. En este contexto, MEO propone redefinir el concepto de empresa eliminando el multirut, famoso (pero no exclusivo) mecanismo empresarial para impedir la generación de grandes sindicatos a nivel de empresa. A esto se agrega el establecimiento del sindicato como sujeto principal de la negociación colectiva –dándoles prioridad por sobre los “grupos negociadores”, muchas veces creados y controlados por los patrones-, la ampliación de los ámbitos de negociación, incluyendo la posibilidad de negociar contratos y convenios[2], y lo más interesante, una propuesta sobre sindicalización automática con un sistema de familiarización de los trabajadores respecto a los sindicatos para su libre elección.

«es patente la
total ausencia
de una hoja de
ruta para
materializar sus
propuestas, y
esto es
especialmente
manifiesto en
el caso de MC.
Está bien, el
candidato no
ganará y solo
se quiere
instalar un
programa, pero
¿acaso no es
necesario
especificar cómo
podría hacerse
real?»

MC por su parte apuesta mucho más alto. Junto con proponer la negociación obligatoria por rama de actividad económica, estableciendo un procedimiento de negociación colectiva simplificado y al alcance de todos los trabajadores para garantizar su efectividad, también propone establecer constitucionalmente la huelga como un derecho fundamental. La lógica, si se mira con cuidado, es la inversa al programa de MEO: más que quitar obstáculos a la organización de trabajadores, se busca imponer una situación de mayor poder para la negociación de los sindicatos. En esta línea, no obstante, hay una ausencia notable en la medida que no se considera la sindicalización automática.

Una de las principales diferencias entre ambos es la forma que plantean para enfrentar el fenómeno de la subcontratación. Por un lado, MEO propone una revisión de la ley 20.123 para  establecer límites entre subcontratación y suministro de trabajadores[3]. Sin embargo no da detalles al respecto, y menos aún se entiende el propósito de establecer límites entre ambas modalidades ya que en la práctica ni el trabajador subcontratado ni el  suministrado tiene derechos legales para exigir que la empresa para la cual trabaja le haga un contrato de trabajo y le reconozca como empleado suyo con todo lo que implica.

MC aborda el asunto de forma mucho más directa: propone prohibir directamente todo tipo de subcontratación. Si a esto agregamos las propuestas de los párrafos anteriores, las diferencias entre contrato y convenio quedarían prácticamente erradicadas. Para un cambio de esta magnitud, Claude propone un nuevo Código del Trabajo que establezca también una jornada laboral de 30 horas y el término de los funcionarios a honorarios. Refuerza estas ideas con una carrera funcionaria para los cargos públicos, y posibilidades de sindicalización y negociación colectiva con iguales derechos al sector privado, así como un organismo público orientado a resolver conflictos entre estos funcionarios.

 

Del programa a la realidad chilena

Antes que nada, convengamos que ambos programas son justos y necesarios. En uno y otro nos encontramos con un cuadro en el que los trabajadores, verían mejorada su posición ante los empresarios, y recogen demandas de larga data por parte del alicaído movimiento sindical. Pero en un plano concreto, las de MEO al ser menos audaces tienen la ventaja de ser (o parecer) mucho más realizables, tanto así que hasta se asemejan a propuestas de Bachelet, que de seguro las implementará con mayor o menor fuerza dependiendo de los resultados parlamentarios; las de MC en tanto, pecarían de radicales e imposibles si no fuera porque obedecen al panorama de muchos países europeos con modelos socialdemócratas, incluyendo a Alemania[4], donde están muy lejos de ver la negociación por rama como un obstáculo socialista, integrándolo sin mayores problemas a su modelo capitalista.

Ahora bien, estos programas de la “nueva izquierda”, uno más progresista y otro más radical, nos permiten abordar una reflexión de más largo alcance acerca de los caminos y posibilidades para llevar a cabo las transformaciones profundas que se debe plantear la clase trabajadora para orientarse hacia una nueva sociedad, superando el estrecho horizonte de un nuevo capitalismo de derechos sociales con rostro humano.

«¿Cómo se fortalece
la posición de
los trabajadores
respecto al
capital?
Correctamente en
los dos casos se
busca dotar a
los trabajadores
de más y mejores
condiciones para
negociar sus
contratos y de
esta forma
inclinar hacia
ellos la
distribución del
excedente del
trabajo. Sin
embargo, no está
de más tomar en
cuenta que la
situación de
debilidad de los
sindicatos debe
ser atendida no
solo por medio
de leyes, sino
que amerita un
trabajo de
formación
política de
largo aliento»

En primer lugar es patente la total ausencia de una hoja de ruta para materializar sus propuestas, y esto es especialmente manifiesto en el caso de MC. Está bien, el candidato no ganará y solo se quiere instalar un programa, pero ¿acaso no es necesario especificar cómo podría hacerse real? ¿No necesitan los trabajadores saber que dicho programa es perfectamente materializable? No se está abriendo un camino para transitar hacia un nuevo modelo en la medida que el cumplimiento de estos puntos en específico es el modelo mismo a aplicar. Esto cobra relevancia cuando, al realizar una comparación somera, vemos que el programa de MC no es muy distinto al de Salvador Allende hace 40 años atrás en materia laboral. Pero no sólo el momento histórico es absolutamente extemporáneo, sino que Allende dejaba en claro que se trataba de un programa que pretendía allanar el camino hacia el socialismo, siendo éste un conjunto de transformaciones estructurales de transición. Pero un planteamiento así que deslumbraba por su claridad hacia los trabajadores mismos que lo abrazaban como tal, no se plantea hoy en día. Los riesgos de confusión son evidentes. Si la perspectiva es radical, debe al menos esbozarse el objetivo final al que se busca acercarse, y de ello no hay nada más que poesía y capitalismo socialdemócrata escandinavo. La relación medios-fines es cuando menos dudosa.

Esto nos lleva a un segundo punto: la ambigua consideración del papel del actor social principal involucrado en estas propuestas, que no es otro que un movimiento obrero potente. ¿Cómo se fortalece la posición de los trabajadores respecto al capital? Correctamente en los dos casos se busca dotar a los trabajadores de más y mejores condiciones para negociar sus contratos y de esta forma inclinar hacia ellos la distribución del excedente del trabajo. Sin embargo, no está de más tomar en cuenta que la situación de debilidad de los sindicatos debe ser atendida no solo por medio de leyes, sino que amerita un trabajo de formación política de largo aliento. ¿Qué harán trabajadores empoderados ante los embates ideológicos del capitalismo si no cuentan con un proyecto de clase medianamente definido? ¿Cómo se puede esperar un salto de la lucha económica-reivindicativa a la política? ¿Cómo evitar la manipulación de los empresarios y gobiernos de turno, asegurando la independencia de clase? Son cuestiones que Matthei sí se plantea cuando incorpora la necesidad de formación de dirigentes sindicales, para hacerlos proclives a los intereses empresariales por cierto.

Esto nos lleva a la importancia de establecer una difícil pero necesaria sintonía entre el efecto coercitivo de una ley y su utilidad real como herramienta del sector que se busca favorecer. En programas de izquierda de antaño estos aspectos venían de la mano, toda vez que las leyes propuestas como la sindicalización por rama de actividad económica o la negociación colectiva sin límites se desprendían de una potencialidad ya instalada por parte del poder construido por los sindicatos. Pero resulta evidente que las propuestas de hoy no coinciden con el nivel de acumulación política y organizacional de la clase trabajadora. Hasta cierto punto, pareciera ser que se supone un sujeto mucho más constituido que sus propios diagnósticos.

 

La ausencia de una alternativa practicable

Los decretos nunca bastarán por sí solos para ser una bisagra entre la economía de mercado que tenemos y la sociedad de derechos que se busca, sino que se requiere un sujeto que los ejerza en la práctica. Además de la falta de conexión entre este proyecto y un proyecto histórico superior, el problema es que el sujeto todavía no está constituido, a pesar de los promisorios avances del último tiempo. Así las cosas, resulta de sentido común asumir como imposibles las propuestas del candidato más radical, lo que permite explicar en parte el poco apoyo con el que cuenta. ¿Cómo resolvería MC el problema de un congreso totalmente adverso? Apelar a la asamblea constituyente no lleva sino a desplazar este problema a otro ámbito.

Lo cierto es que cuando las propuestas concuerdan con el estado real del sujeto que es “receptor”, este se puede articular naturalmente en torno a ellas, defendiéndolas y empujando por una expansión progresiva hacia nuevas formas de relacionarse con la producción. En este sentido, es en la actividad democrática, soberana y discursiva de los trabajadores donde debe buscarse la fuerza real de un programa. Esto no quiere decir que las propuestas radicales deban guardarse en un cajón, esperando momentos más afortunados, sino que es urgente que estas se doten de contenido asumiendo la situación real, y a partir de ella se planteen los caminos necesarios. En suma, la recuperación de los derechos de los trabajadores como un paso hacia una forma superior de organización de las relaciones productivas de los hombres y mujeres, se debe acompañar de una estrategia clara que, al menos por el momento, pasa por hacer crecer la organización de los trabajadores; bienvenidas sean entonces las propuestas de los candidatos que van en esa línea, los trabajadores habrán de luchar por esas demandas sea quien sea el presidente.

 


[1] Roxana Miranda será objeto de otra columna.

[2] Los convenios se pueden levantar cuando no ha vencido el contrato; además permite la negociación de sindicatos interempresas; sindicatos independientes,

[3] En una subcontratación laboral, la empresa principal contrata la ejecución de una obra o la realización de un servicio y es la contratista la que deberá cumplir el encargo, por lo tanto, el empleador de los trabajadores subcontratados es la contratista. En el suministro de trabajadores en cambio, la empresa usuaria no contrata con otra la ejecución de una obra o la realización de un servicio, sino que le encarga a una firma especializada que le proporcione cierto número de trabajadores suyos por un tiempo determinado, para que realicen funciones específicas en ella.