Conociendo los límites de la precarización laboral en Chile: Los trabajadores a Honorarios del Estado Central.

Conociendo los límites de la precarización laboral en Chile: Los trabajadores a Honorarios del Estado Central.

por Juana Torres
Socióloga. Miembro de Sindicato de Trabajadores a Honorarios del Estado

Los cambios sociales y económicos que han acontecido en Chile y en el mundo durante las últimas décadas han transformado seriamente el mundo del trabajo. Desde la implementación de las recomendaciones del Consenso de Washington en la década de los 90 en los países de Latinoamérica –que más tarde conducirían al denominado neoliberalismo- hasta los mismos cambios que ha producido la interdependencia económica entre los países en el marco de la globalización, han transformado radicalmente las condiciones en que el trabajo se desarrolla en la región. Como es sabido también, para el caso chileno los cambios comienzan mucho antes, con la implantación de una cruenta dictadura, que acalla a los actores sociales a través de la violencia, y con la implementación temprana del sistema neoliberal, que como ya ha sido ampliamente documentado, sirvió como experimento para probar el funcionamiento de un sistema económico que es hoy imperante.

Sin entrar a detallar los cambios constitucionales que determinan la situación laboral chilena actual, es importante mencionar que a partir de esa época aparecen nuevas formas de trabajo que, bajo la consigna de la flexibilidad laboral, traen como consecuencia la precarización de muchos sectores de trabajadores.

Es importante señalar que sobre la precarización se han realizado diversos análisis, que cubren distintas áreas y plantean que determinados grupos de trabajadores en la sociedad chilena la padecen en algún grado importante. Aparecen así, a la luz de estos estudios, menciones a los contratos atípicos, la subcontratación, la informalidad, entre otros elementos. No obstante, hay determinados sectores que, por su carácter, no necesariamente han sido considerados como precarizados. Es el caso de los trabajadores a honorarios del Estado chileno. En efecto, debido a las credenciales académicas con que generalmente cuentan  las personas que prestan servicios para el Estado, así como por los sueldos que reciben por sus labores profesionales, no se piensa comúnmente que ellos sufren de este problema.

“Hay determinados
sectores que, por
su carácter, no
necesariamente han
sido considerados
como precarizados.
Es el caso de los
trabajadores a
honorarios del
Estado chileno. En
efecto, debido a
las credenciales
académicas con que
generalmente
cuentan las
personas que
prestan servicios
en el ámbito
estatal así como
por los sueldos
que reciben por
sus labores
profesionales, no
se piensa
comúnmente que
ellos sufren de
este problema”

 Pero un hecho fundamental del que arranca la precarización de estos trabajadores se encuentra en que, por definición, ellos no están sujetos a la legislación del código laboral. A partir de ello, los trabajadores a honorarios no cuentan con ninguno de los derechos que –aunque de manera insuficiente- garantizan las leyes chilenas. Entre ellos podemos mencionar el derecho a pre y posnatal, derecho a vacaciones, sala cuna, garantías en salud, seguro de accidente laboral, seguro de cesantía, sindicalización, etc. Sin embargo, la intención aquí no es hacer un listado de la cantidad de derechos que les son vulnerados a los trabajadores a honorarios, sino que hacer un ejercicio que va más allá, reflexionando sobre la gravedad del hecho de que existan personas que no son definidos legalmente como trabajadores ni cuentan con los derechos correspondientes.

 La delimitación del convenio (que no es un contrato) de un trabajador a honorarios establece que para el caso de las personas que prestan servicios para el Estado –pues para el sector privado existe una delimitación mucho más clara-, estas realizan un trabajo independiente prestando servicios inmateriales, por un proyecto con una duración determinada de tiempo. Sin embargo, en la realidad se produce todo lo contrario, pues se trata de trabajadores que no cuentan con ningún grado de independencia. En efecto, son personas que tienen un lugar establecido de trabajo, cumplen horarios (en algunos casos, les aplican descuento por atrasos), y realizan funciones que no competen a la definición del convenio. Asimismo, la temporalidad que debiera garantizar que éste sea un trabajo transitorio, plantea una ambigüedad en la delimitación de la situación de los honorarios: como no se determina un límite máximo de duración de un proyecto, una persona puede pasar muchos años siendo trabajador a honorarios, y justamente esto se ha vuelto una tendencia creciente. Los avances en esta materia han sido mínimos, y sólo se han situado en el plano de las cotizaciones. Respecto a lo demás, no existe mejora alguna.

 Ahora bien, pensando en las condiciones más subjetivas que suponen para el trabajador que se desempeña bajo esta modalidad, es posible observar que los empleados a honorarios experimentan temor al despido, a la inestabilidad laboral –ya que un convenio puede ser terminado unilateralmente de un momento a otro- y por tanto, a la imposibilidad de esbozar un proyecto personal de vida en torno al trabajo. En términos más ideológicos al trabajador a honorarios se le niega un elemento básico y un derecho esencial que lo define: su identidad de trabajador, pues la legislación le estructura condiciones de inestabilidad laboral sobre las cuales es casi imposible proyectarse.

 En definitiva, son muchos los análisis que se pueden desprender de la situación del trabajador a honorarios. Lo que no se puede soslayar es que se trata de un sector altamente precarizado, y que en la mayoría de los casos no son trabajadores a honorarios por opción personal, sino porque es la única alternativa existente. Lo anterior está determinado por la masificación que ha alcanzado este tipo de convenios al interior del Estado, trayendo aparejado además una clara disminución de otro tipo de contratos, como planta o contrata.

 Por lo tanto, cuando escuchamos declaraciones como las emitidas la semana recién pasada por la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei[1], respecto a los “falsos  honorarios” que no cotizan, vemos claramente que la situación de estos trabajadores es reconocida por el Estado pero no asumida como parte de su responsabilidad. El Estado chileno, en tanto empleador, no ha sido capaz de ejercer su rol ni de contribuir a mejorar la situación de los trabajadores a honorarios. Lo que es más contradictorio aún es que el Estado ponga a nivel de individualidades y responsabilidades personales lo que debiese ser  una obligación y competencia estatal.

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