Desde el 21 de octubre, los funcionarios de la mayoría de las municipalidades del país se encuentran en un paro indefinido exigiendo reajustes salariales, incremento previsional, readecuación de las plantas municipales y un trato igualitario al de los trabajadores del gobierno central. En los últimos días, los funcionarios agrupados en la ASEMUCH han radicalizado y diversificado sus acciones, copando en varias oportunidades las calles de las ciudades, al tiempo que mantienen relaciones con representantes municipales y parlamentarios, interpelando al ejecutivo como el principal encargado de resolver legal y financieramente las demandas planteadas.
La respuesta obtenida desde el ejecutivo se ha repetido una y otra vez cada vez que sus voceros han sido consultados: este paro está referido a los alcaldes, que deben ser capaces de controlar a sus trabajadores, incluso se ha acusado a la movilización de ilegal por impedir el acceso de los vecinos a derechos tan básicos como la recolección de basura. Y ha sido por la inclusión justamente de los recolectores que este paro ha logrado un nivel de visibilidad mayor, así como por la inminencia de las elecciones y los problemas que eventualmente podría generar la ausencia de los municipales.
El desarrollo del conflicto actual contrasta con la movilización de los recolectores de basura de empresas privadas a fines del mes de julio, proceso que duró sólo tres días y en el cual la intervención del ejecutivo no se hizo esperar, considerando que eran los empresarios del rubro los principales afectados con la paralización. En esa ocasión, los recolectores exigían una igualación de los sueldos y condiciones laborales con la de los trabajadores contratados por las municipalidades; hoy los trabajadores municipales exigen una igualación en los incentivos (PMG) con los trabajadores del gobierno central, en una clara muestra de la cadena de desigualdades que se observan en las condiciones laborales de los trabajadores del país.
Sin olvidar nunca que la desigualdad principal es la que opone a empresarios y trabajadores, es claro que en Chile la situación de estos últimos difiere grandemente según diversos factores. En el caso de los trabajadores del área social, la cuestión no es distinta. La privatización y externalización de servicios otrora “directamente” estatales, ha generado un segmento de trabajadores que se exponen a un nivel de precariedad mucho mayor que los contratados por el Estado, con una alta rotación laboral y prácticamente sin posibilidades de organizarse sindicalmente . A pesar de las dificultades, ante los abusos se han levantado incipientes espacios de organización, uno de los cuales es la Coordinadora Interregional de Trabajadores del Área Social (CITAS), compañeros con los cuales tuvimos la oportunidad de compartir hace algunos meses en su escuela de formación, encuentro del cual surgió el documento de síntesis que se presenta, el cual contiene un panorama general de los trabajadores del área social además de interesantes reflexiones dadas por los asistentes a la escuela.
Los invitamos a revisar el Documento de Trabajo N°6: “Precarización en el campo de los trabajadores y las trabajadoras a honorarios del área social”, que pueden descargar aquí:
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O bien, directamente desde nuestra biblioteca virtual. También los invitamos a conocer más de CITAS en el sitio de facebook “Coordinación Trabajadores Area Sociales”.
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