El agobio laboral del profesorado a fines de año

Hace ya 12 años me correspondió escribir una declaración pública como dirigente sindical en el colegio en que ejercía como docente. La titulé “Feliz navidad, pero no para los trabajadores”. El motivo fue el despido de varios docentes en su mayoría sindicalizados, los que en las cercanías de la navidad se les comunicó que eran despedidos por “necesidades de la empresa” y otros simplemente no se les renovó el contrato a plazo fijo. Esto último representa una situación de evidente menoscabo respecto a otros sectores de trabajadores, donde el Estatuto Docente permite que en los colegios particulares un/a profesor/a puede llegar a trabajar 24 meses continuos sin lograr un contrato indefinido, cuando el Código del Trabajo, que rige al grueso de la clase trabajadora, establece un máximo de 12 meses para que el contrato se transforme en indefinido.

La situación descrita no es nueva en el mundo del trabajo docente. Su origen tuvo sus primeros antecedentes en el año 1980, cuando la dictadura inició dos procesos complementarios. El primero el traspaso de los establecimientos administrados por el Estado a los municipios, con lo cual los trabajadores de esas escuelas dejaron de regirse por la Carrera Docente de 1978, normativa que respondió a las corrientes corporativistas-estatistas del régimen, que de alguna forma fue continuista respecto a la situación previa, en la que el profesorado se regía por el Estatuto Administrativo de 1960. A contrapelo de toda esa normativa, el traspaso de los establecimientos a los municipios puso fin a la breve Carrera Docente y bajo la hegemonía del neoliberalismo descarnado homologó la normativa laboral de los profesores a la del sector privado. Desde ese momento los municipios estuvieron posibilitados para despedir profesores en cualquier época del año sin mayor justificación, lo que comenzó a ser recurrente en el mes de diciembre por motivos que ya explicaremos.

El segundo proceso iniciado en 1980 fue el fomento desde el Estado a la proliferación de colegios particulares. Para esto se elevó ostensiblemente el valor estatal entregada vía subvención, con lo cual los establecimientos particulares subvencionados, existentes desde el siglo XIX, comenzaron una rápida expansión, superando a los particulares pagados, los que quedaron reservados para las élites. En los colegios particulares subvencionados los docentes también quedaron regidos por el Plan Laboral (DL 2.200 de 1978) de la misma forma que los trabajadores del sector privado, donde los arbitrarios despidos fueron aún peores que en el sector municipal. En ambos tipos de establecimientos el mes de diciembre resultó un vía crucis, pues los sostenedores, municipios o empresarios de la educación, adoptaron la práctica de despedir profesores en el mes de diciembre con lo cual se ahorraban de cancelarles sus sueldos en los meses de vacaciones (enero-febrero), a pesar de que en ese periodo los sostenedores continuaban recibiendo subvención del Estado. La situación llegaba al extremo en los particulares subvencionados, donde muchos profesores eran despedidos en diciembre y vueltos a contratar en marzo, lo que llevó a que se autodefinieran como “temporeros de la educación”.

La precariedad laboral también fue aprovechada por motivos políticos o de reestructuración. Así desde la navidad de 1986 y durante todo ese verano la cifra de profesores despedidos llegó a más de 8 mil maestros, la mayoría municipales, solo comparables en números a las exoneraciones ocurridas en 1973. En los tres veranos siguientes, los despidos también fueron masivos, dejando a miles de profesores exonerados los que esperarían pacientemente que la llegada del gobierno de Aylwin los reintegrara, lo que, como todo en su gobierno, se cumplió muy gradualmente “en la medida de lo posible”.

Tras la razzia de los 8 mil despidos en el verano de 1987, la dictadura dictó unas normas especiales para el personal docente (Ley 18.602), donde se estableció que el año laboral docente finalizaba el último día del mes inmediatamente anterior a aquél en que se inicie el año escolar, es decir a fines de febrero, con lo cual la táctica patronal de despedir docentes en diciembre para evitar el pago de sus salarios de enero y febrero ya no pudo continuar realizándose. Sin embargo lo anterior no impidió que el mes de diciembre fuese agobiante, pues esa sería la fecha en que se comunican los despidos que se ejecutaran a fines de febrero. Si el empleador quiere despedir docentes antes de febrero, debe, además de la indemnización legal, cancelar sus remuneraciones hasta febrero del año siguiente, por lo cual, desde 1987, prácticamente no hay despidos de docentes en otras fechas del año. Para poder realizar los despidos se le exigió al empleador que comunique la desvinculación al menos con 60 días de anticipación al inicio de las clases del siguiente año escolar (regularmente en marzo). Con esto el periodo que va entre la navidad y el año nuevo se transformó en momentos de mucha angustia para el profesorado. Las últimas semanas del año corresponden a un periodo de total vulnerabilidad, donde el poder sindical se encuentra evidentemente disminuido, pues existen escasas herramientas de presión al haber ya terminado el periodo de clases, evaluaciones, cierre de actas, etc. Por el contrario, las últimas semanas de diciembre es un momento donde por lo general el profesorado se encuentra con una menor carga laboral, tras un extenuante cierre de semestre. Lo anterior permite considerar que la legislación laboral del mundo docente fue cuidadosamente planificada a la manera de una empresa moderna tecnificada, donde los tiempos laborales son meticulosamente controlados.

Se esperaba que la llegada de los gobiernos civiles posdictatoriales terminara con las arbitrariedades provocadas por la dictadura hacia el profesorado. La entrada en vigencia del Estatuto Docente en 1991 entregó un manto de mayor estabilidad para el profesorado del sector municipal, no así para el que se desempeña en los colegios particulares subvencionados, los que tras la ley de financiamiento compartido tuvieron un nuevo fomento llegando a atender en el día de hoy al 54,4% de la matrícula escolar. En estos establecimientos por lo general los docentes son despedidos al cumplir 2 años de trabajo, pues recién ahí pueden alcanzar un contrato indefinido, con lo cual su no renovación de contrato no implica el pago de indemnización alguna para los empresarios de la educación. En una situación similar se encuentran los cerca de 40 mil profesores municipales “a contrata” y que año a año pueden ser avisados a fines de febrero que no se les renovaría a contar del mes de marzo, cuestión que busca ser subsanada con la reciente ley de titularidad docente.   

De esta forma vemos como año a año el periodo que va entre la navidad y el año nuevo sigue provocando una gran angustia en los docentes, cuestión que lleva ocurriendo 35 años.

Para dar cuenta de lo anterior solo basta tomar nota de los despidos que ya se han comunicado por estos días en numerosos colegios particulares subvencionados (como los 13 despidos en el Liceo Camilo Henríquez de Temuco), en los municipios de Providencia y Antofagasta y en los Servicios Locales de Educación de Chinchorro, Colchagua (más de 300 docentes y funcionarios), Valparaíso, etc.

La historia docente tiene un hecho sumamente dramático que da cuenta de lo que provocan estos despidos y que aquí queremos rescatar. Entre 1977 y 1988 la dictadura traspasó la administración de 74 liceos técnico profesionales a entidades patronales como la SOFOFA, la Sociedad Nacional de Agricultura o la Cámara Chilena de la Construcción. Entre estos traspasos, entregó 10 liceos comerciales a la Cámara de Comercio, uno de ellos fue el llamado INSUCO 2, actual Liceo Joaquín Vera Morales, ubicado en Avenida España, Santiago Centro. Estos liceos se rigieron por la legislación laboral común del sector privado, donde el Estatuto Docente no tuvo incumbencia y hasta 1994 sus sindicatos estuvieron impedidos de negociar colectivamente de forma reglada, al considerarse que era empresas que recibían más de 50% de su financiamiento del Estado, a lo cual solo estaban eximidos los colegios particulares subvencionados.

En el INSUCO 2 en vísperas de la navidad de 1996 se vivió una de las situaciones más dramáticas de la historia del magisterio. El lunes 23 de diciembre de ese año, se le informó a la profesora de inglés Victoria Riquelme Bonell, con 27 años de trabajo en ese liceo, que estaba despedida. La medida era parte de masivos despedidos ordenados por la Corporación de la Cámara de Comercio y ejecutada por el nuevo director Mario Baeza. La profesora Victoria era una activa participante del sindicato del liceo, creado en 1987, y gran luchadora por los intereses del profesorado. Esto le llevó a que al recibir la notificación de su despido no permaneciera impávida. De inmediato se dirigió al inspector Luis Monasterio y al profesor de educación física Claudio Nieto que conversaban en el patio, tesorero y presidente del sindicato respectivamente. Claudio Nieto recuerda que la señora Toya, como le llamaban, le contó llorando lo sucedido, y que el director del Liceo le había señalado que la medida era irrevocable. En ese momento, cerca de las 18:30 horas, le mostró la carta de despido (Entrevista a Claudio Nieto, 2 de octubre de 2020). Todo eso mientras en la sala de profesores se realizaba una once de navidad, pues al día siguiente no se trabajaría. Los dirigentes le ofrecieron asumir la defensa del despido de la profesora, pero ella se negó a entregarles la carta y se dirigió a la sala de profesores a contar lo sucedido al resto del cuerpo docente. La once navideña se vio interrumpida por la noticia, tras lo cual la profesora salió del establecimiento completamente ofuscada, su objetivo era “apelar a esta situación injustificada, para lo cual de inmediato decidió salir a la calle a fin de sacarle fotocopia a la nota recibida por parte del Director a fin de iniciar las acciones legales que corresponden ante la Inspección del Trabajo” (Omar González, INSUCOS 2 siempre primero. Cuatro décadas de historia personalizada, s/e, Santiago, 2015, p. 129).

La ofuscación de la profesora era tal que al salir del Liceo y cruzar la intersección de las calles Toesca y Avenida España no reparó en que venía un taxicolectivo a alta velocidad, el cual la atropelló brutalmente. Todos en el silencioso liceo sin estudiantes escucharon el ruido de los frenos del vehículo y el atropello. Al salir a la calle la totalidad de los trabajadores se encontraron con una escena dantesca. El cuerpo de la profesora Victoria agonizaba en una situación sumamente chocante, que muchos años después no ha sido olvidada por quienes trabajan en el Insuco 2.

La dramática muerte de la profesora Victoria Riquelme llevó a que los profesores realizaran de inmediato una velatón, aún cuando el cuerpo no se había retirado por el Instituto Médico Legal, la que se extendió hasta la madrugada (Las Últimas Noticias, 24 de diciembre de 1996). A los días siguientes ellos mismos construyeron una animita.

La gravedad de lo sucedido haría esperar que las intenciones de despidos se detendrían. Efectivamente el director del liceo no volvió a llamar a nadie más para comunicar las desvinculaciones. Esto hizo creer, tal vez ingenuamente, que la Corporación de la Cámara de Comercio había desistido de los despidos debido al trágico desenlace. No obstante, a los días siguientes, entre navidad y año nuevo, llegaron las cartas de despidos a las casas de más de 10 educadores, en momentos en que nadie esperaba que eso ocurriera (Entrevista a Claudio Nieto, 2 de octubre de 2020).

La historia de la profesora Victoria Riquelme la hemos querido rescatar como homenaje a su figura, a los trabajadores del INSUCO 2 y a los cientos de profesores y profesoras que en estos días de “paz y amor” han vuelto a reconocer la cara más vil del empresariado. La legislación laboral no ha cambiado en nada en cuanto a la posibilidad que tienen los empresarios de la educación para despedir docentes. La exigencia de un plazo previo (60 días) de la notificación de los despidos solo ha provocado que desde 1987 las “fiestas” de fin de año sean vividas por el magisterio chileno bajo una gran presión y angustia, que en muchas ocasiones se transforma en rabia e impotencia por producirse en un periodo sumamente complicado para el desarrollo de movilizaciones. No obstante, nuestra intención con este escrito ha sido el de que el profesorado y el conjunto de los trabajadores de la educación tomen nota de la actitud del empresariado, el que en el caso del fallecimiento de la profesora Victoria Riquelme no se cuestionó en ningún momento en detener los despidos, pues se ajustaban a sus intereses. Es hora de que los trabajadores de la educación tomen conciencia de esta situación y decidan las acciones necesarias para enfrentar estas medidas, en total resguardo de sus intereses de clase.